miércoles, 8 de mayo de 2013

Huelga general de Educación en Extremadura


    El 9 de mayo varios colectivos entre los que están estudiantes, familias, profesionales de la enseñanza y sindicatos convocan una huelga en defensa de la educación pública.

   La Plataforma por la educación pública en Extremadura ha emitido el siguiente comunicado con explicación de algunos de los motivos:

   Ante la situación excepcional que atraviesa la educación pública en España y Extremadura, como consecuencia de los recortes educativos y la propuesta legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy, las  organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, representativas en todos los sectores de la comunidad educativa, considera que es necesario realizar una campaña excepcional de movilizaciones que culminará en la HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
EL 9 DE MAYO.

Alumnos, docentes y padres y madres de alumnos, desde Infantil hasta la Universidad, están llamados a no acudir a los centros educativos en protesta por los recortes educativos y contra la LOMCE.

La desaparición de miles de millones en los presupuestos educativos ha supuesto el despido de miles de docentes, la disminución de las becas y ayudas al estudio, la precariedad en las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación y un deterioro considerable de la educación pública, con consecuencias difícilmente reparables si estas condiciones persistieran en el tiempo.

Estos perjuicios están orientados a socavar, so pretexto de la crisis y en defensa de la libertad, el principio de igualdad y equidad, en beneficio de la enseñanza privada y los privilegios de sectores sociales ideológicamente afines al partido que sustenta al Gobierno de España.

En apoyo de esta política devastadora para la educación pública, se viene a sumar una reforma educativa, enmarcada en la LOMCE, para implantar a las bravas un modelo educativo de dudoso encaje en la Constitución Española del 78 y que no goza de consenso político, sindical ni social, puesto que su proceso de gestación carece de diálogo, consenso o negociación.

En consecuencia, ignora todo lo referente al profesorado que ha de implantarla en las aulas, segrega al alumnado, niega la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y pervierte la autonomía de los mismos estableciendo un sistema de competencia desigual que generará un ranking entre ellos que se traducirá en una desigual dotación de recursos.

Los padres tendrán que optar por los hijos que podrán acceder a la enseñanza superior como consecuencia de hacer depender de las familias y su poder adquisitivo gran parte del coste educativo.

Se abandona el principio de compensación de desigualdades imponiendo un sistema selectivo basado en las evaluaciones externas, al tiempo que desconfía del profesorado para la realización de estas tareas.

Igualmente disminuye el peso del profesorado y las familias en la elección de directores, concediendo a estos la capacidad para rechazar a profesores interinos, establecer perfiles de mérito para los funcionarios, y decidir sobre la admisión del alumnado.

La LOMCE no considera ningún mecanismo ni partida en su memoria económica para recuperar los retrocesos de todo tipo producidos por los recortes: económicos, horarios de los docentes, ratios por aula, reposición de personal, dotación de recursos, etc.

En definitiva pretende consolidar un modelo con menos inversión educativa que nos aleja definitivamente de nuestro entorno europeo y rompe la línea de mejora presupuestaria en este capítulo que ha seguido nuestro país en las últimas décadas.

En esa misma línea se anuncia una reforma universitaria cuyo fin último es la paulatina privatización y mercantilización del sistema público universitario a costa del sacrificio de las familias que tendrán que endeudarse si desean que sus hijos accedan a la universidad. De manera que miles de estudiantes serán desahuciados de las aulas, al mismo tiempo que se despide al profesorado y al personal de administración y servicios, y se precarizan las condiciones laborales de quienes permanezcan.

Por ello, invitamos al profesorado, al alumnado, a padres y madres de alumnos a sumarse a esta campaña de movilizaciones que culminará en la Huelga del 9-M y sus manifestaciones.

Pedimos, asimismo, a las Juntas de Personal de Cáceres y Badajoz, a las organizaciones sindicales y colectivos sociales de Extremadura el apoyo para evitar este ataque sin precedentes a la educación pública.